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Modificaciones en los Contratos de Formación y Aprendizaje

Desde principio del mes de enero de 2016, entran en vigor cambios en los contratos para la formación y aprendizaje, destacando la necesidad de impartir la formación teórica de forma presencial o teleformación así como de disponer de una autorización del SEPE previa al contrato.

Según se establece en la Ley 30/2012 de 6 de junio de 2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en su disposición transitoria octava y según la legislación vigente, el día 31 de Diciembre de 2015 finalizaba el periodo prorrogado durante el cual la formación asociada al Contrato para la Formación y el Aprendizaje se podía impartir mediante la modalidad a Distancia. Si no se publica normativa que prorrogue esta modalidad, a día de hoy, las únicas modalidades posibles para impartir la formación teórica del contrato de formación son la modalidad presencial y la teleformación.

Como en otras ocasiones nos encontramos ante una situación de cierta incertidumbre, porque tanto el Servicio Andaluz de Empleo, como los centros de formación acreditados para impartir la formación, desconocen si se va a publicar alguna prórroga adicional a lo previsto por la Ley, ya que esto podría suceder. De cualquier forma, y a la espera de que en algún Consejo de Ministros próximo se acuerde algo distinto, a partir del día 1 de enero de 2016, la formación asociada a esta tipología de Contrato se ha de impartir de forma presencial o bajo la modalidad de teleformación.

El procedimiento para que el Servicio Público de Empleo competente autorice la formalización de un contrato para la Formación y el Aprendizaje aún no está del todo definido, puesto que se desconoce el plazo real en el que va a responder a la solicitud (la normativa establece un máximo de un mes desde registro) y qué criterios van a llevar a cabo para poder admitir o denegarla. En mi opinión el plazo máximo de un mes para resolver resultaría poco operativo, puesto que en muchísimas ocasiones las empresas han de tomar la decisión de contratar a un trabajador en un plazo muy inferior, por lo que el órgano competente debería ser bastante ágil y facilitar los trámites para que la autorización llegue en tan sólo unos días.

Desde mi punto de vista, la obligación de realizar la formación de forma presencial o mediante teleformación, si bien puede resultar más rígida para los trabajadores y las empresas, evita que la formación teórica se convierta en un aspecto residual y al que en muchas ocasiones no se le hace un seguimiento o al menos como se debiera. Ahora los trabajadores van a tener que, o bien acudir a los centros de formación presencial o bien conectarse a plataformas habilitadas en unos horarios determinados, donde los profesores ayudarán a los trabajadores en su proceso de formación teórica, lo que “garantizará” que ésta sea de más calidad y mejor aprovechada por parte de los beneficiarios.

Este tipo de contrato tiene una serie de ventajas para ambas partes, empresas y trabajadores, es por ello por lo que se han de tomar las medidas legales oportunas para que éstos se celebren con todas las garantías y poder cumplir así con el objetivo principal que propició las diversas modificaciones en la normativa que los regulaba en estos últimos años, reducir la tasa de desempleo juvenil.

Javier Artacho Reboso                                                                                                                   Socio – Director                                                                                                                              Musashi asesores consultores

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