El pasado día 17 de septiembre de 2025 tuve que acudir a un acto de conciliación (conjunto) por el despido en una empresa cliente de 3 personas, y el motivo de tales despidos fue por sacar productos de la empresa sin el consentimiento explícito del titular y sin abonarlos, es decir, por robar. ¿Cómo lo averiguó la empresa? Pues además de por comentarios de otras personas que trabajan en la empresa y que advirtieron a la persona encargada primero y después al dueño del negocio, lo supo por la visualización de las cámaras de videovigilancia que tiene instaladas.
Siempre surge la misma pregunta y nuestros clientes nos la suelen hacer ¿Es legal que tenga instaladas cámaras de videovigilancia en mi empresa para controlar la actividad del personal contratado?
La videovigilancia para controlar la actividad de los trabajadores en una empresa es legal en España, siempre que se respeten ciertos requisitos técnicos y de información para salvaguardar los derechos fundamentales, especialmente la intimidad del trabajador.
El artículo 89 de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) regula el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia en el lugar de trabajo, sobre la base de que las empresas pueden tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores previstas en el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Siendo un asunto controvertido, hay que atender a diferentes resoluciones judiciales que han ido concretando los requisitos, condiciones y limitaciones que se deben respetar a la hora de instalar cualquier sistema de videovigilancia en un centro de trabajo. Además, la Agencia Española de Protección de datos abordó la cuestión en el apartado 5.3 del documento publicado en mayo de 2021 sobre la protección de datos en las relaciones laborales.
La instalación de las cámaras de videovigilancia no se puede hacer sin más, se debe cumplir con una serie de requisitos técnicos que se ha de considerar:
1.- Justificación de la instalación: El sistema debe responder a una finalidad legítima: protección de bienes y personas, control del cumplimiento laboral o prevención de delitos.
2.- La instalación debe ser proporcional y necesaria para el fin perseguido, evitando medidas excesivas o innecesarias. Lo anterior implica que hay que determinar si en el caso concreto es proporcional o no la instalación de cámaras, y si lo es, el número de ellas y sus características técnicas.
3.- Información: Además de colocar la cartelería visible que indique la presencia de cámaras de videovigilancia cumpliendo con lo dispuesto en el art. 22.4 de la LOPDGDD, las empresas deben informar, con carácter previo, a las personas empleadas y sus representantes, de manera expresa, clara y concisa, sobre la instalación de cámaras, su ubicación, la finalidad de la vigilancia, la identidad del responsable del tratamiento y datos de contacto para el ejercicio de derechos.
No avisando a la persona trabajadora (cámara oculta): Cuando existan sospechas fundadas sobre la posible comisión de un ilícito penal, laboral o administrativo, puede llegar a ser válida la prueba obtenida sin el cumplimiento total de la obligación de información (en casos muy concretos, que hay que determinar concretamente). Y si se ha captado la comisión flagrante de un acto ilícito por las personas trabajadoras se entiende cumplido el deber de informar cuando al menos exista la cartelería citada.
4.- Limitaciones en los lugares donde pueden instalarse las cámaras: Hay que saber que las cámaras no se pueden instalar en cualquier lugar de la empresa, y esto cobra una especial importancia para evitar problemas judiciales. En ningún caso se admitirá su colocación en lugares destinados al descanso o esparcimiento de las personas trabajadoras, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
5.- Grabación del sonido: Cuestión técnica muy importante. La grabación de sonidos está generalmente prohibida salvo que resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo. Hay que respetar siempre el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías resumidas para el resto de las situaciones.
6.- Uso y conservación de las imágenes: Las imágenes captadas deben ser utilizadas exclusivamente para la finalidad para la que fueron recogidas y no para otros fines. Las imágenes solo pueden ser tratadas y almacenadas por el tiempo estrictamente necesario, generalmente no más de un mes, salvo requerimiento judicial.
También hay que saber que el acceso a las grabaciones queda restringido a personal autorizado (titular, responsables de seguridad, etc.) con medidas de seguridad tecnológicas (contraseña, acceso limitado). No cualquier persona puede ver imágenes captadas por las cámaras ni para un uso que no sea el legítimamente señalado.
Se recomienda mantener y documentar un protocolo interno de funcionamiento y política de privacidad conforme a la normativa vigente
Información y advertencias a las personas trabajadoras
- No es necesario el consentimiento expreso de la persona trabajadora, pero sí es obligatorio informarles previamente de forma clara, concisa y específica sobre la existencia de cámaras, su ubicación, finalidad y responsable del tratamiento.
- Colocar carteles visibles de “Zona videovigilada” es imprescindible, pero insuficiente: debe existir comunicación expresa y comprensible para todas las personas empleadas.
- La empresa debe poner a disposición de los trabajadores información sobre cómo ejercer sus derechos en materia de protección de datos (acceso, supresión, etc.).
- La grabación de sonido está generalmente prohibida salvo causas de seguridad excepcionales y siempre fundamentadas.
- La videovigilancia encubierta (cámaras ocultas no notificadas) está prohibida salvo supuestos muy concretos como podría ser existan sospechas fundadas de delito y no existan otros medios alternativos menos invasivos e igualmente efectivos.
En conclusión, el uso adecuado de la videovigilancia constituye una herramienta legal y eficaz, siempre que la empresa respete los principios de necesidad, proporcionalidad, información y seguridad en el tratamiento de datos personales tal y como se ha expresado anteriormente.
Javier Artacho Reboso
Socio-Director, Responsable Área Laboral
